Las Comisiones Episcopales de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina enviaron una carta abierta a legisladores nacionales en la que cuestionan el proyecto de Nuevo Régimen Penal Juvenil y advierten que “bajar la edad no baja el delito”.

En un extenso documento dirigido al Congreso, las comisiones de la Iglesia plantearon su preocupación ante el avance del proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad penal. La iniciativa, sostienen, no refleja los aportes realizados por organismos especializados ni por instituciones como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría y diversas entidades jurídicas y académicas.

¿Qué cuestionan? Principalmente, que la reforma se impulse en un “clima político atravesado por el impacto mediático”, sin un debate profundo ni garantías de implementación real. Según la carta, el Estado hoy no cuenta con condiciones materiales ni presupuestarias para asegurar tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral y dispositivos adecuados de salud mental y reinserción social para adolescentes en conflicto con la ley.

Las comisiones remarcan que los datos disponibles muestran que la participación de adolescentes en delitos es baja (0,42% de los procesos penales) y que la mayoría corresponde a delitos contra la propiedad. Además, advierten que la evidencia regional indica que reducir la edad de imputabilidad no disminuye la inseguridad y puede aumentar la reincidencia y la violencia.

Desde la perspectiva jurídica, sostienen que el proyecto podría ser inconstitucional por contradecir la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral. También cuestionan que no se garantice un sistema penal juvenil verdaderamente especializado y que se habiliten criterios ambiguos para privaciones de libertad.

Como alternativa, proponen fortalecer el sistema de protección de derechos, invertir en políticas públicas de niñez y adolescencia, reforzar dispositivos de salud mental y adicciones y aplicar mecanismos de justicia restaurativa para mayores de 16 años en casos graves.

En la conclusión, el mensaje es claro: “Bajar la edad no resuelve el problema: lo desplaza, lo endurece y lo profundiza”. La Iglesia llama a superar la lógica punitiva y a construir un modelo centrado en la prevención, la inclusión y el desarrollo humano integral. “La disyuntiva es clara —afirman—: o profundizamos la cultura del descarte o asumimos el desafío de una sociedad que cuide, incluya y repare”.